El Ejecutivo se encuentra a pasitos de obtener la potestad de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, incluyendo el bastión histórico más representativo del nicho del seguro de caución: la obra pública. La gestión anterior ostentaba con su financiamiento algo más de 7.100 obras a nivel nacional, de las cuales 4.500 ya están finalizadas. Las restantes son las que entran en este limbo jurídico, donde esperamos cierta conflictividad con los seguros de caución y litigiosidad en contra del Estado en el caso de interrupciones intempestivas. Las que corren con mayores desventajas son aquellas (500 aprox.) que fueron licitadas y no tenían avances físicos al 06/12/2023, contratos que el gobierno actual tiene decidido interrumpir salvo cuestiones muy puntuales. El 43% de estas obras se encuentran adjudicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Afianzadora ha puesto a disposición de su red comercial un departamento interdisciplinario (ingeniería-legal) con el objetivo de analizar cada contrato de nuestros clientes interrumpido por el Estado y suspender aquellas refacturaciones de contratos suspendidos.

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